EFECTUAN DENUNCIA PENAL. Señor Juez Federal:


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1 EFECTUAN DENUNCIA PENAL Señor Juez Federal: FERNANDO EZEQUIEL SOLANAS, Senador de la Nación, con domicilio real en la calle., y ALEJANDRO ENRIQUE OLMOS,.., constituyéndolo a los efectos legales en la., ante V.S. nos presentamos y como mejor proceda en derecho decimos: I.- OBJETO: Que venimos a efectuar formal denuncia penal, contra el Sr. Presidente de la Nación, Ingeniero Mauricio Macri, con domicilio en la calle Balcarce 50, el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, con domicilio en Av. Julio A. Roca 782, y la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con domicilio en la calle Gelly y Obes 2289, todos ubicados en la ciudad de Buenos Aires, por la posible comisión del delito previsto y penado por el artículo 213 del Código Penal de la Nación, en cuanto establece que Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito. II.- HECHOS El día 8 de diciembre del año 2017, alrededor de las 8 de la mañana, un ciudadano de nacionalidad norteamericana de nombre Frank Joseph Wolek, fue asaltado por dos individuos quienes se apropiaron de una cámara filmadora y otras pertenencias, y procedieron a inferirle diversas heridas con un cuchillo, ante su resistencia al robo. En ese momento y según declaraciones del policía Luis Oscar Chocobar en el Tribunal, vio a un hombre ensangrentado y personas que en grupo de cinco trataban de socorrer al herido Mientras algunos de los que presenciaron los hechos se movilizaban para perseguir a los ladrones, el agente policial Chocobar, fue tras los

2 ladrones persiguiendo a los mismos, mientras se comunicaba con la Policía para dar cuenta de lo ocurrido. Los dos delincuentes, fueron detenidos por tres personas que se encontraban en el lugar, quienes recuperaron la cámara del turista, momento en el cual apareció el policía Chocobar, y los ladrones aprovecharon para escapar, siendo perseguidos uno de ellos de nombre Juan Pablo Kukoc por el agente policial, quien cerca de la intersección de las calles Irala y Suarez procedió a efectuar varios disparos, uno de los cuales determinó la caída del delincuente, y otro posterior que le dio en la espalda, hiriéndolo gravemente, a resultas de lo cual y pese a la intervención quirúrgica a que fue sometido, falleció a los pocos días, el 12 de diciembre. Luego de una breve detención, al ser liberado, el policía Chocobar habló con el medio periodístico Infobae y declaró: "Lo que hice fue visualizar al estadounidense, que levanta la mano. Cuando observo, lo estaban amedrentando o atacando. Eran dos hombres y salieron corriendo. Yo estaba a más de 50 metros. (Wolek) Estaba todo ensangrentado y hablaba otro idioma. Lo primero que hice fue llamar al 911", "Un grupo de personas ayudó y fueron a perseguir al hombre. Yo iba por detrás dando a conocer por teléfono a la Policía por dónde se escapaban. Tres personas atraparon al ladrón que se llevaba las pertenencias, pero veo que estaban en peligro porque este sujeto tenía algo entre las prendas. Entonces me acerco y doy la voz de alto y el sujeto corrió y ahí actué de oficio. Primero traté de salvar a los masculinos, y el sujeto se me vino encima y tuve que defenderme". Al ser interrogado en sede judicial, el policía Chocobar insistió en su versión anterior diciendo A los seis u ocho metros se da vuelta haciendo ademán de venirse y le disparó dos tiros y me tiro para atrás, yo le disparé a siete metros de distancia.., en el Disparé dos veces de la cintura para abajo a siete metros, en el segundo disparo recién se tiró para el costado y se tiró al piso Disparé por miedo, pensé que me podía apuñalar Al ampliar su declaración indagatoria precisó que cuando se acercó al lugar había tres masculinos Eran ellos quienes lo perseguían. Refiriéndose a la

3 persecución de uno de los agresores indicó: yo lo seguía al trote a unos seis o siete metros de distancia. Cuando dobló y está entre el portón que se visualiza con los colores de CABJ que están en la esquina y la ventana azul que le sigue por Suarez, ahí el agresor nuevamente se da vuelta y da unos pasos hacia mi cuerpo siempre disparé de la cintura para abajo, porque ahí no son mortales, yo quería que se detuviera. Disparé con nervios y con una sola mano, con la otra me cubría por si venía el agresor con intención de apuñalarme o algo. Yo disparé porque se venía contra mí y tenía miedo (sic) La autopsia de Juan Pablo Kukoc, efectuada por el Dr. Alejandro Feldi Rullan Corna del Departamento de Tanatología de la Morgue Judicial acreditó que presentaba una lesión de arma de fuego 6 centímetros por encima de la cresta ilíaca derecha y a 4 centímetros de la línea media vertebral, con una proyección de atrás hacia adelante y de abajo levemente hacia arriba. Y otro orificio de arma de fuego en la parte posterior del muslo izquierdo también de atrás hacia adelante. Esa pericia fue complementada con el informe médico de la Dra. Marta Liliana Mirando, concluyéndose que ambos disparos hirieron al delincuente cuando estaba de espaldas. A lo consignado en la autopsia se suma la filmación efectuada por el domo instalado en las calle Suarez e Irala, que muestra como Chocobar persiguió a Kukoc, y a una distancia de alrededor de siete metros le disparó, cuando este huía y estaba de espaldas. Es decir en ningún momento corría peligro su vida, ni tenía riesgos visibles sino que el delincuente estaba corriendo para escaparse, lo cual demuestra que el policía mintió al sostener que disparó porque iba a ser atacado. Indudablemente Chocobar, no imaginó que su versión iba a ser desmentida por la filmación que se hizo agregada a la causa penal y que se hizo pública. Debido a ese proceder a todas luces inapropiado e ilegal, y que contraviene claramente los reglamentos policiales, el Juez de Menores Enrique Velázquez lo procesó por considerarlo en principio autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por su comisión con violencia contra las personas mediante

4 la utilización de un arma de fuego, cometido con exceso en la legítima defensa (arts 34, inc. 6 del Código Penal, y 306 y 310 del Código Procesal Penal de la Nación). En el auto de procesamiento señaló el juez, el argumento de Chocobar de querer proteger su integridad física utilizando una de sus manos, luce cuanto menos poco creíble, ya que la agresión a la que era pasible no era inminente. Al respecto, el magistrado indicó que de las imágenes captadas por el domo instalado en la esquina de Irala y Suárez, se observar que al momento de recibir los disparos, Kukoc corría por esa última arteria, sin darse vuelta en ningún momento, y se encontraba a varios metros de distancia del oficial Chocobar. En tal sentido, el juez dijo que desconoce de qué tipo de agresión pretendía éste cubrirse colocando una de sus mano delante de su rostro y lo coloca cuanto menos alejado de una actitud profesional exigible en cualquier personal policial, sin dejar de mencionar que disparar sosteniendo el armamento con una sola de sus manos disminuye de manera considerable la efectividad y puntería de los disparos agregando que lo exigible a Chocobar en este tipo de situaciones está por encima de lo exigible a otro ciudadano pues se trata de un profesional en actividad que ha sido capacitado y equipado por el Estado para abordar y resolver de la mejor manera posible estas situaciones El juez de menores interviniente, hizo una exhaustiva reconstrucción de los hechos, recogiendo los testimonios de varios testigos de los hechos, de personal policial actuante, citando inclusive la colaboración prestada por la señora Ivone Rosario Kukoc, madre del delincuente muerto quien aportó material fotográfico para identificar al otro agresor, haciendo referencia a las pericias criminológicas, médicas, etc, y citó doctrina de autores como Zaffaroni, Slokar, Alagia, Clariá Olmedo, Roxin y fallos de la Cámara de Casación Penal. Podríamos decir que su decisión es jurídicamente irreprochable y conforme con la legislación y la doctrina penal. Al tomar conocimiento de ese decisorio el Presidente de la República Mauricio Macri, recibió en su despacho, acompañado

5 por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich al policía imputado, defendiendo y justificando su conducta, como puede leerse en los diversos medios periodísticos que transcribieron sus palabras Hoy recibí a Luis Chocobar en la Casa Rosada. Quería ofrecerle todo mi apoyo, decirle que lo acompañamos y que confiamos en que la Justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo, reconociendo su valentía A su vez en el día de ayer, en un programa periodístico, ante la pregunta de un periodista en Jefe de Gabinete Marcos Peña sostuvo que el presidente al recibir a Chocoba interpreta una demanda social que es una discusión respecto de tener el beneficio de la duda con respecto a las fuerzas policiales". "En ningún momento se plantea interferir en una investigación judicial: es un mensaje de apoyo a un policía que cumpliendo sus funciones tuvo esta situación", Finalmente el diario La Nación de 6 de febrero, transcribe unas declaraciones de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, donde volvió a defender el accionar del agente de la policía bonaerense Luis Chocobar y rechazando la "doctrina" garantista de algunos jueces. La funcionaria reiteró que el policía actuó como aconsejan los protocolos y manuales de formación en casos en que el sospechoso lleva un arma blanca, considerando que el agente no llevó adelante una "acción de legítima defensa, sino de cumplimiento de deberes de funcionario público" Por todo lo que se conoce de la causa, y de la decisión del magistrado Velázquez, el policía Chocobar cometió un delito. Al respecto la Ley de Seguridad Pública 2894 de la ciudad de Buenos Aires que regula la actuación policial establece en su art. 27 del que esa actuación se determina de acuerdo a la plena vigencia de los siguientes principios: a. El principio de legalidad, por medio del cual el personal policial debe adecuar sus conductas y prácticas a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes así como a los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos ratificados por la República, el Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley y los Principios de las Naciones Unidas sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego. b. El principio de oportunidad, a través del cual el personal policial debe evitar todo tipo

6 de actuación funcional innecesaria cuando no medie una situación objetiva de riesgo o peligro que vulnere la vida, la libertad, los bienes u otros derechos fundamentales de las personas. c. El principio de razonabilidad, mediante el cual el personal policial evitará todo tipo de actuación funcional que resulte abusiva, arbitraria o discriminatoria, que entrañe violencia física o moral contra las personas, escogiendo las modalidades de intervención adecuadas a la situación objetiva de riesgo o peligro existente y procurando la utilización de los medios apropiados a esos efectos. d. El principio de gradualidad, por medio del cual el personal policial debe privilegiar las tareas y el proceder preventivo y disuasivo antes que el uso efectivo de la fuerza, procurando siempre preservar la vida y la libertad de las personas en resguardo de la seguridad pública. e. El principio de responsabilidad: El personal policial es responsable personal y directamente por los actos que en su actuación profesional llevare a cabo infringiendo los principios enunciados precedentemente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pueda corresponder a la administración pública.- En el texto del art. 28 de la misma ley, se señala que Durante el desempeño de sus funciones, el personal policial debe adecuar su conducta a los siguientes preceptos generales: a. Actuar con responsabilidad, respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad en el cumplimiento de la Ley, protegiendo la libertad y los derechos fundamentales de las personas. b. No infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o cualquier tipo de circunstancias especiales o situación de emergencia pública para justificar la comisión de delitos contra la vida, la libertad o la integridad de las personas. Toda acción que pueda menoscabar los derechos de los/as afectados/as debe ser imprescindible y gradual evitando causar un mal mayor a los derechos de estos/as, de terceros o de sus bienes. c. Asegurar la plena protección de la integridad física, psíquica y moral de las personas bajo su cuidado o custodia. d. No cometer, instigar o tolerar ningún acto de corrupción que supongan abuso de autoridad o exceso en el desempeño de sus funciones y labores, persigan o no

7 fines lucrativos, o consistan en uso indebido o excesivo de la fuerza, abuso verbal o mera descortesía. e. Impedir la violación de normas constitucionales, legales y reglamentarias durante su accionar o el de otras fuerzas, organismos o agencias con la que se desarrollen labores conjuntas o combinadas, o en las conductas de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con las que se relacionen, debiendo dar inmediata cuenta de la inconducta o del hecho de corrupción a la autoridad superior u organismo de control competente. Ejercer la fuerza física o la coacción directa en función del resguardo de la seguridad pública, solamente para hacer cesar una situación en que, pese a la advertencia u otros medios de persuasión empleados por el/la funcionario/a del servicio, se persista en el incumplimiento de la ley o en la inconducta grave y utilizar la fuerza en la medida estrictamente necesaria, adecuada a la resistencia del/la infractor/a y siempre que no le infligiera un daño excesivamente superior al que se quiere hacer cesar. h. Recurrir al uso de armas de fuego solamente en caso de legítima defensa, propia o de terceros y/o situaciones de estado de necesidad en las que exista peligro grave, inminente y actual para la vida de las personas protegidas, o para evitar la comisión de un delito que entrañe ese mismo peligro, debiendo obrar de modo de reducir al mínimo los posibles daños y lesiones a terceros ajenos a la situación. i. Cuando el empleo de la fuerza y de armas de fuego sea inevitable, en la medida de lo posible y razonable, identificarse como funcionarios/as del servicio y dar una clara advertencia de su intención de emplear la fuerza o armas de fuego, con tiempo suficiente como para que la misma sea tomada en cuenta, salvo que al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a las personas protegidas o al/la funcionario/a del servicio, se creara un riesgo cierto para sus vidas y el de otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso.- Este protocolo igual a otros análogos es muy claro en cuanto a las formas de procedimiento que deben observarse y la doctrina penal es contundente al respecto. En el fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la

8 Capital Federal en autos G. B., G. P. s/procesamiento (causa n /2013) rta. 7/3/2016, donde la Sala intervino con motivo del recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado contra el auto del juez de la instancia de origen que lo procesó por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, se precisó que el disparo efectuado hacia una zona vital del cuerpo revela la voluntad homicida, pues no podía desconocer la posibilidad cierta de que la herida fuera mortal. Agregaron que no resulta aplicable la causa de justificación de legítima defensa (art. 34, inciso 6, del C. Penal) por cuanto la conducta de disparar un arma de fuego hacia la víctima no guardó relación de proporcionalidad con el accionar que se pretendía neutralizar, ello más allá de lo reprochable del accionar de ésta última, Además en el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se dispone en su Artículo 3º que podrá usarse la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiere el desempeño de sus tareas. Este Código restringe el uso de la fuerza a cuando sea estrictamente necesario y en la medida en que lo requiera el desempeño de sus tareas. Y además, dice el comentario al artículo 3: En ningún caso debe interpretarse que esta disposición autoriza el uso de un grado de fuerza des-proporcionado al objeto legítimo que se ha de lograr. Además, establece en el principio 22º que los gobiernos y autoridades responsables de hacer cumplir la ley asegurarán que se establezca un procedimiento de revisión eficaz y que autoridades administrativas o judiciales independientes estén dotadas de competencia en circunstancias apropiadas. En caso de muerte y lesiones graves u otras consecuencias de importancia, se enviará rápida-mente un informe detallado a las autoridades competentes para la revisión administrativa y la supervisión judicial La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en reiterados pronunciamientos, ha sido clara en cuanto a la proporcionalidad que debe existir entre el medio empleado, y el fin que se pretende obtener. En el caso de Chocobar, ni había peligro contra

9 su vida, el delincuente estaba en fuga, sin los bienes que se había apropiado, y matarlo fue claramente una acción que prudentemente se puede considerar exceso en la legítima defensa, como así lo consideró el Juez de menores que lo imputó Finalmente, hace unas horas, la Asociación de Pensamiento Penal integrada por magistrados, fiscales y especialistas en derecho penal. Si se considera que el caso implicó legítima defensa, porque Chocobar no estaba de servicio y por lo tanto era un particular con portación de arma, es necesario saber que los límites de este instituto son difusos en la norma que lo contiene (Art. 34 inc.6 del Código Penal), pero aun considerando las versiones expresadas, cuando la agresión hacia la vida del turista cesó ya no se está bajo ese permiso legalmente dispuesto, simplemente porque ya no hay agresión que legitime la acción defensiva, aunque el daño producido antes haya puesto en peligro cierto la vida del turista y aunque dicho actuar provoque una legítima indignación en quién lo presencia. Si se actúa con posterioridad habrá venganza no legítima defensa. Ahora bien, si se considera que quien actúo era un policía en cumplimento de su función debido al llamado estado policial (en fin es el Estado actuando por medio de uno de sus agentes) no se está en el marco de la legítima defensa sino en el cumplimiento de un deber jurídico. Por ello, quien actúa debe ajustarse a las normas jurídicas vigentes. En el caso, ni estas ni los protocolos de actuación policial que en conjunto lo obligan a actuar de determinado modo, permiten ni habilitan a perseguir y matar a quien ha cometido un delito contra una persona a la cual ya no atacaba, se esté o no en horario de servicio. Una diferencia esencial entre ambos institutos es que en la legítima defensa se permite cometer un ilícito si se dan determinadas circunstancias legalmente establecidas, y actuar o no de ese modo es una opción. Quien actúa en cumplimiento de un deber jurídico, está

10 obligado a hacer lo que las normas y protocolos le indican, y cualquier otra acción le puede acarrear una sanción. Debemos ser contundentes en aclarar que, por mandato convencional y constitucional, la muerte no debe existir en Argentina ni como ejecución ni como pena, ya sea sin o con juicio previo, y sin que importe el delito cometido. Finalmente, y sin ser exhaustivos, entendemos que es necesario fortalecer las herramientas del Estado, entre ellas la capacitación policial, como así también defender la institucionalidad de la República, bregar por respetar la división de poderes, y entender que el poder simbólico por el respaldo institucional brindado puede dar lugar a más violencia. Es indudable que Chocobar cometió un acto delictivo, todo lo cual surge de las constancias de la causa penal, y es por ello que resulta inadmisible, que el primer magistrado de la Nación y los ministros que se han pronunciado sobre el caso, justifiquen la comisión de ese delito, considerándolo como un acto meritorio que debe ser defendido. Pero aún el presidente Macri fue por mas diciendo que esperaba que en otra instancia procesal la conducta de Chocobar sea justificada, poniéndolo como ejemplo de lo que debe ser el accionar policial. Conocemos de sobra lo que es la violencia policial, ejercida en forma reiterada y que ha dado lugar a una gran cantidad de acciones judiciales. Este caso es uno más, aun cuando por las circunstancias que rodearon el mismo, el policía Chocobar, quizás por el momento vivido, no tuvo en cuenta la proporcionalidad de su accionar y produjo la muerte del delincuente. Creemos que si hay que enfrentar a un ladrón y aún a un asesino, no hay que proceder de la misma manera, porque eso sería poner en igualdad de condiciones al que infringe la ley, que al que la defiende Pero más allá de la actuación de este policía, lo grave es que el presidente, su jefe de gabinete y su ministra de seguridad, desconociendo las actuaciones judiciales, lo hayan recibido como un héroe, lo justifiquen y defiendan,

11 tomando como verdadera la versión de aquel, llegando al extremo de ofrecerle asignarle un defensor a costa del Estado. El justificar el accionar del policía Chocobar, que probadamente ha mentido en su declaración para evitar cualquier reproche penal significa hacer la apología del delito, máxime, cuando las pruebas de la causa, demuestran inequívocamente, que el policía no procedió de conformidad con las normas previstas por la ley penal, y los protocolos policiales. Esto guarda coherencia con la actual política represiva del gobierno, que pretende invertir la carga de la prueba, en beneficios de las fuerzas de seguridad como lo sostuviera la ministra Bullrich, quien en un claro desprecio al orden jurídico y de conformidad con lo sostenido por el presidente, manifestó que ellos van a cambiar la doctrina penal y no les importa lo que hagan los jueces. Pareciera que la funcionaria no sabe que un gobierno no puede establecer doctrinas jurídicas, lo que es función de los especialistas y del Poder Judicial de la Nación, ya que al Poder Ejecutivo solo le cabe proponer leyes, al Poder Legislativo aprobarlas o no, y al poder judicial interpretarlas y eventualmente declarar la inconstitucionalidad en caso de que las mismas no respondan al ordenamiento constitucional. Si bien los denunciados no han hecho la apología del condenado, porque Chocobar solo está procesado por homicidio, si se ha justificado su accionar delictivo, por lo cual procede la aplicación de la norma legal que justifica esta denuncia. Indudablemente el Poder Ejecutivo a través de los últimos hechos conocidos ha decidido implementar un accionar de las fuerzas de seguridad, donde no existan limitaciones para ejercer el poder represivo, alterando el principio constitucional de la igualdad ante la ley y privilegiando en todos los casos la versión de los hechos que produzcan esas fuerzas, en todos los casos en los que les toque intervenir. Pareciera que esa nueva doctrina se nutre de criterios de permisividad, donde cuentan las interpretaciones no los hechos, y sin esperar las pruebas que acrediten como fueron los mismos, se proceda a ejercer una improcedente defensa de las fuerzas de seguridad porque ellas tienen prima-facie el monopolio de la verdad.

12 Las oscuras y todavía no aclaradas circunstancias en las que murió Santiago Maldonado, la muerte de Rafael Nahuel, baleado por la espalda en oportunidad de una represión ejercida por la Prefectura Nacional, son hechos constitutivos de una política de seguridad, donde solo juega la arbitrariedad y se le otorga la potestad de hacer justicia al que reprime, aunque en sus procedimientos no se ajusten a las normas legales que regulan los mismos. Al respecto cabe consignar que en los archivos de la Coordinadora contra la represión policial (CORREPI) existen constancias, que solamente en el año 2017 el 44% de las muertes por parte de las fuerzas policiales corresponden a casos de gatillo fácil, ya que la mayoría de los que son asesinados reciben disparos por el cuello, el torax o la cabeza a muy corta distancia a personas que están probadamente desarmadas. La actitud del Presidente Macri, del Ministro Peña, y principalmente de la Ministra Bullrich nos llevan a interrogarnos: Tendrán Leyes propias que no conocemos? Tendrán Códigos penales que privilegian el accionar de las fuerzas de seguridad? Considerarán que los ciudadanos tenemos una credibilidad inferior a los que ejercen la represión en nombre del Estado? El caso Chocobar, es un ejemplo claro de cuál es la consideración que les merece a los funcionarios del Poder Ejecutivo, las decisiones de otro poder del Estado, cuando no coinciden con lo que ellos estiman de cómo se debe proceder; es un jalón más en la zaga de ilegalidades que últimamente resultan habituales, y se encubren bajo el palabrerío insustancial de ministros que cultivan pueriles excusas y argumentos insustanciales que son inaceptables en un estado de derecho. A la ignorancia sobre cuestiones elementales del derecho penal y de las normas procesales, suman una torpeza discursiva y fundamentalmente la intención deliberada de infringir la ley sobre la base de criterios doctrinarios que solo ellos conocen, y que según la ministra Bullrich se están elaborando. Quizás supongan que alterando los fundamentos del derecho podrán imponer una

13 nueva forma de perseguir a cualquier ciudadano que se crea con derecho a ejercer el derecho constitucional de expresarse y de permitir a las fuerzas de seguridad ejercer la acción represiva, sin limitación alguna III.- PRUEBA Sin perjuicio de las pruebas cuya realización disponga V.S. solicitamos: 1.- Se libre oficio al Juzgado de Menores Nº 1 a los efectos de que remitan la causa Nº /2017por la cual fue procesado el policía Luis Chocobar. 2.- Se libre oficio a los diarios La Nación, Clarín, e Infobae a los efectos de que remitan los diarios donde constan las declaraciones del presidente y sus ministros a las que hicimos referencia y sustentan esta imputación. Por lo anteriormente expuesto a V.S. solicitamos: legal constituido. 1.- Se nos tenga por presentados y con el domicilio 2.- Se nos cite a ratificar la presente denuncia, y se corra la vista que corresponde al Sr. Fiscal Federal delito imputado 3.- Se proceda a la instrucción del sumario por el Proveer de Conformidad SERA JUSTICIA

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