PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural ISSN: Universidad de La Laguna España


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1 PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural ISSN: Universidad de La Laguna España Fernández de Paz, Esther De tesoro ilustrado a recurso turístico: el cambiante significado del patrimonio cultural PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, vol. 4, núm. 1, enero, 2006, pp Universidad de La Laguna El Sauzal (Tenerife), España Disponible en: Cómo citar el artículo Número completo Más información del artículo Página de la revista en redalyc.org Sistema de Información Científica Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

2 Vol. 4 Nº 1 págs De tesoro ilustrado a recurso turístico: el cambiante significado del patrimonio cultural 1 Esther Fernández de Paz Universidad de Sevilla (España) Resumen: Desde el momento en que Europa sacralizó un determinado conjunto de objetos y los convirtió en referentes patrimoniales activados y protegidos por los representantes de la cultura oficial, hasta el presente, mucho se han ensanchado los estrechos límites patrimoniales; se ha superado la concepción objetual, historicista y esteticista para abarcar todo el conjunto de bienes de valor cultural. El patrimonio deja así de ser contemplado exclusivamente como un tesoro histórico-artístico para pasar a convertirse en algo mucho más valioso: en elementos -materiales e inmateriales- fundamentales para comprender nuestra identidad. No obstante, la creciente demanda turística de supuestas autenticidades está hoy provocando que este patrimonio se oferte, en no pocas ocasiones, como la expresión de un pasado idealizado. Palabras clave: Cultura; Patrimonio; Identidad; Museología; Legislación. Abstract: From the moment when Europe considered sacred a certain set of objects and converted them into heritage referents that were activated and protected by the representatives of the official culture, the border line of the heritage concept has been really much broadened. The conception of the heritage as an "object", historicist and conditioned by the aesthetic is being surpassed. The new concept includes all the set of cultural value goods of culture value. Now heritage is not contemplated exclusively as a historicalartistic treasure and starts to symbolize something much more valuable such as material and immaterial elements that are fundamental to understand our identity. However, today the increasing tourist demand of these supposed authenticities is causing that this patrimony is being offered in many occasions as the expression of an idealized past. Keywords: Culture; Heritage; Identity; Museology; Legislation Esther Fernández de Paz es profesora titular de la Universidad de Sevilla. Integrante del Grupo de Investigación Patrimonio Etnológico: Recursos Socio-Económicos y Simbolismo (P.A.I., SEJ-418). Presidenta de la Comisión Asesora de Etnología de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

3 2 De tesoro ilustrado a recurso turístico... Introducción Un hecho impensable no hace demasiados años es el evidente interés que han llegado a despertar en la actualidad todos y cada uno de los aspectos relacionados con el patrimonio cultural: gestión, protección, puesta en valor, normativa legal, formación, interpretación y un largo etcétera. Tal cambio de actitud nos alerta acerca de las sucesivas y variables consideraciones del propio concepto de patrimonio. En principio, el término patrimonio nos remite a la idea de unos bienes que se poseen, ya sea por herencia o por haberlos ido acumulando en el transcurso del tiempo. Pero esta idea no ha existido siempre ni en todos los lugares, y allá donde está presente ni siquiera mantiene una misma valoración respecto a los bienes que lo integran. Algunos de ellos pueden considerarse inalienables, mientras que otros pueden desecharse sin que por ello se sienta afectada la integridad patrimonial. Estamos, por tanto, ante una construcción social y, como tal, históricamente modificable en función de los criterios o intereses que determinan nuevos fines en nuevas circunstancias. Consiguientemente, el propio concepto de patrimonio debe ser culturalmente definido, lo que conlleva ahondar en las razones por las que se destacan unos bienes sobre otros, en los modos y usos a que se destinan, bajo qué categorías y justificaciones son interpretados, y en los agentes implicados en tales decisiones. Es decir, se hace necesario un análisis con esa visión holística que practica la antropología para atender a la completa contextualización de cualquier fenómeno cultural. Desde esta mirada antropológica vemos que, en principio, el concepto de patrimonio cultural implica la asociación de dos conceptos -cultura y patrimonio-, extraordinariamente polivalentes y de cambiantes significados. De márgenes muy estrechos en origen, sólo la paulatina ampliación de sus contenidos ha posibilitado el estado actual de consideración y tratamiento de los bienes culturales integrantes del patrimonio. En el panorama histórico, estos cambios se han desarrollado con una gran rapidez. Como es sabido, los comienzos de las reflexiones teóricas sobre el propio concepto de cultura no son anteriores al siglo XVIII. Cultura entendida como característica esencial de la existencia social de los hombres, a diferencia de los demás seres vivos, por la posibilidad de transmitir a sucesivas generaciones pautas mentales y conductuales, en virtud de su capacidad de aprender y comunicarse. Estas reflexiones derivan en la creencia en el poder del hombre para crear y transformar su propia cultura, para ir perfeccionándola indefinidamente, lo que conduce a los ilustrados a la convicción en un progreso universal, lineal e ilimitado. El vocablo cultura desbanca así su primigenia acepción, hasta entonces limitada al cultivo de la tierra, para pasar a significar el cultivo de la mente, la acumulación de conocimientos. Pero no todos los saberes que la cultura va creando son apreciados de igual manera. En una sociedad fuertemente jerarquizada siempre serán los sectores dominantes quienes dirijan y controlen, a través de sus instituciones, los criterios selectivos que decidirán qué debe ser valorado, transmitido y perpetuado de entre el cúmulo de elementos componentes de la cultura. Por ello, tal concepto de la cultura sirve para prestigiar y separar las élites sociales en el seno de Occidente, a la vez que, con los mismos argumentos, se inicia la clasificación de todos los pueblos del mundo. Así, los primeros antropólogos decimonónicos, inmersos en las corrientes positivistas y evolucionistas del momento, pretenden reconstruir la historia de la humanidad en sus distintos estadios evolutivos, desde los salvajes hasta los civilizados, atendiendo a su mayor o menor grado de desarrollo en una única posible escala evolutiva, cuyo cénit casualmente se encuentra en la civilizada Europa. Las críticas a esa gradación valorativa no llegarán hasta comienzos del siglo XX, con la corriente de pensamiento conocida como Particularismo Histórico, que propugna el reconocimiento de la singularidad de cada cultura y, en consecuencia, el respeto a la diversidad cultural. Sólo entonces la palabra cultura refiere al conjunto diferenciado de costumbres, creencias e instituciones sociales que caracterizan a cada grupo humano. Desde ese momento, la antropología, aunque con planteamientos

4 Esther Fernández de Paz 3 diversos, ha venido explicando que todas las sociedades, y a su vez todos sus sectores sociales, desarrollan su propia cultura y, como parte de ella, su específico patrimonio cultural. No obstante, la concepción ilustrada de la cultura sigue arraigada, y no sólo en las élites que idearon su contenido sino incluso en las clases excluidas, a las que se les ha transmitido con gran eficacia la minusvaloración de su analfabetismo cultural del que sólo pueden escapar a través de la enseñanza reglada en las instituciones oficiales. De ahí que el pueblo comience a reclamar su derecho al acceso a la cultura. Patrimonio como tesoro En estrecha relación con la consideración prevaleciente de cultura, el concepto de patrimonio comenzó a acuñarse con significaciones interesadamente delimitadas. Si su etimología, ceñida exclusivamente a la dimensión privada, significaba lo que el hijo hereda del padre, cuando adquiere su acepción pública contemporánea lo hace de un modo restringido, en paralelo a la idea dieciochesca de cultura: el patrimonio como un tesoro, sólo integrado por las producciones surgidas de los genios que atestiguan el progreso ascendente de la civilización. Bajo tales premisas, los únicos elementos dignos de ser conservados y transmitidos serán determinados monumentos antiguos y ciertas obras artísticas singulares. Frente a ellos, la subcultura consistiría en los productos considerados desde esa óptica, como vulgares, inferiores y sin calidad; esto es, las creaciones del pueblo anónimo. De este modo, la filosofía ilustrada supondrá el punto de no retorno para la consideración del valor histórico del patrimonio heredado, a la vez que los principios revolucionarios serán los primeros en proclamar el derecho del pueblo a la instrucción pública, permitiéndole el acceso a la contemplación de las obras sublimes del arte y las antigüedades. Ello conduce a que en los primeros años de la era revolucionaria francesa se abran una serie de museos disciplinares, recogiendo las obras confiscadas de las colecciones reales, nobiliarias y eclesiásticas; y por encima de todos, el Museo Napoleónico, embrión del Louvre, al que se fueron añadiendo los botines de guerra arrancados a los países dominados como confirmación del poder imperial. Esta política de incremento de fondos museables, practicada en toda Europa, revela el convencimiento en el valor intrínseco de los objetos patrimonializados, anulando por completo la relación con sus protagonistas: los pueblos que los heredaron, los reproducen o los crean. Lejos de entenderlos como los testimonios culturales de un determinado colectivo, el patrimonio acumulado acusa una transparente intencionalidad de prestigio, en la misma línea mantenida por el coleccionismo privado, aunque virando desde lo escuetamente individual y clasista a la proclamación pública de la notoriedad de toda una nación, en la demostración de su grado de civilización. Ahí radica la motivación de las grandes pinacotecas y museos de antigüedades decimonónicos, por encima de su teórica finalidad de apertura a la instrucción y deleite del conjunto de la sociedad. De igual manera, los primeros museos antropológicos fueron concebidos como simples muestras de objetos exóticos, expoliados de sus lugares de origen, con el propósito de exhibir visualmente la superioridad de la cultura occidental. Junto a ellos, convenientemente separados incluso en la denominación (artes y tradiciones/costumbres populares), comienzan a proliferar los museos dedicados a nuestros propios primitivos: las clases menos evolucionadas de la civilizada sociedad occidental. Un movimiento que refleja el interés político volcado hacia los bienes considerados la esencia de las tradiciones de un pueblo, en los momentos en que se hacía necesaria la afirmación de las conciencias nacionales a través de la presentación de una historia común. Es de sobra conocido el uso de la imagen mixtificada que de la cultura popular hicieron los folkloristas del siglo XIX, congelando una imagen idealizada y arcaizante de la vida rural. Pero ninguna de estas realizaciones culturales formarán parte del patrimonio entendido como tesoro. Basta recordar las denominaciones y contenidos de las primeras leyes que van dictándose en los distintos estados europeos, incluida nuestra Ley del Patrimonio Histórico-Artístico de En ella claramente continúa el menosprecio

5 4 De tesoro ilustrado a recurso turístico... hacia toda producción que no responda a las valoraciones de la cultura oficializada, es decir, con suficiente antigüedad y el requerido mérito artístico. Ni siquiera un gobierno republicano es capaz, a la hora de normativizar, de plasmar la sensibilidad sociocultural que le acerque a las producciones emanadas de las clases subordinadas, sean propias o ajenas. Lo más interesante, desde nuestro punto de vista, es analizar cómo a unos criterios de tal subjetividad se les aplicó en seguida todo un corpus teórico justificador de la pretendida cientificidad que guía estas decisiones. Se defiende así que las antigüedades son patrimonio con fundamento en su objetividad temporal y que el arte es elegido en base a reconocidos cánones estéticos, ocultando en ambos casos el proceso valorativo de selección. Junto a ello, cabe destacar la relación existente entre la vigente concepción patrimonial y la finalidad que su custodia debía cumplir. Así, la conservación de los objetos patrimoniales para su traspaso íntegro a las futuras generaciones constituía el objetivo último, reflejado en las preocupaciones administrativas en forma de celosos guardianes. De idéntica manera, se hacía inevitable la defensa de que la misión primordial de un museo era la de conservar las colecciones encomendadas -de donde deriva la denominación de conservador de museos, anacrónicamente mantenida-, a más de servir para los estudios de una élite privilegiada y como sutil arma propagandística de sus propios valores. Patrimonio como cultura Para llegar a entender el patrimonio como el testimonio de la cultura de un pueblo, parece innegable el papel determinante jugado por la antropología, precisamente por la extensión del concepto de cultura como la expresión colectiva de las experiencias y concepciones propias de cada grupo humano, en permanente proceso de elaboración. Sólo así ha podido ir ampliándose la consideración de los bienes dignos de ser protegidos, hasta culminar en una visión integral y dinámica del patrimonio cultural. Una ampliación que hace virar, al propio tiempo, la noción de conservación como finalidad en sí misma, a la de tutela como medio de valorización del patrimonio para sus propios protagonistas. Y es que lo interesante de este proceso, además de su creciente abarcabilidad, es la decisiva vinculación entre objetos y sujetos sociales, el valor que se da a los pueblos actuales como herederos y transmisores de los bienes culturales, a la vez que creadores de nuevos patrimonios. Uno de los primeros grandes logros para este avance conceptual fue la acuñación del término bien cultural, que aparece por primera vez en la Convención de la UNES- CO de 1954, a pesar de que la pormenorización de bienes culturales aludidos en este texto mantiene los rígidos criterios al uso, centrados en lo histórico-artístico. No obstante, diez años después, la italiana Comisión Franceschini se adentró en un profundo análisis de esta expresión, hoy felizmente recogida y asimilada en el lenguaje patrimonial. Su principal valor radica en la superación del reduccionismo que encierra la idea de objeto, vigente hasta el momento, proponiendo un término amplio y capaz de acoger otros referentes patrimoniales, sin diferenciación entre lo material y lo inmaterial. Al fin se va poniendo en cuestión el propio sentido del mero objeto físico, al comprender que son los valores que se le atribuyen a los objetos de referencia los que definen su significación cultural y los que justifican las razones argumentables para su preservación. Por lo tanto, todo bien cultural será definible, precisamente, a partir del significado inmaterial que le atribuyamos: testimonio de un acontecimiento histórico, de un modo de vida, de las creencias de un colectivo, de la tecnología y saberes utilizados para aprovechar los recursos disponibles, etc. En definitiva, se entiende que todas y cada una de las producciones materiales de cualquiera de los ámbitos de la vida en sociedad son el reflejo del mundo mental de quien las crea y utiliza, de donde proviene su valor inmaterial y, consiguientemente, su posibilidad de ser consideradas como bienes culturales. La influencia de estas consideraciones en nuestro ámbito cultural no se hace esperar. Y es que una de las características de la globalización de las relaciones contemporáneas es la autoridad de algunas estructu-

6 Esther Fernández de Paz 5 ras político-jurídicas complejas que, en los asuntos patrimoniales, no puede desligarse de una organización como la UNESCO, para quien uno de sus objetivos básicos fue desde el principio contribuir al reconocimiento y mantenimiento de la diversidad cultural. En tal sentido se decantó la Declaración de 1966 sobre los Principios de Cooperación Cultural Internacional, y su defensa de la dignidad y el derecho de todo pueblo a desarrollar su cultura. Atendiendo a los informes encargados al antropólogo Lévi- Strauss, se pone de relieve el carácter vivo y dinámico de las culturas y la necesidad de garantizar la libre evolución de cada una de ellas. Dicho de otra manera, se manifiesta la necesidad de salvar la propia diversidad cultural antes que centrarse en intervenciones patrimoniales conservacionistas. Pero para alcanzar tal objetivo resulta imprescindible el reconocimiento jurídico del patrimonio etnológico, tarea nada fácil dado el peso de las categorías valorativas de la ideología dominante. Por ello vamos a ir encontrando ligerísimas concesiones, como en la Recomendación de París de 1968, donde al fin aparece el término etnológico, aunque con un claro sesgo historicista porque viene limitado a los bienes culturales vestigios de civilizaciones desaparecidas. En ese gradual avance hay que destacar, sin duda, la renombrada Convención de 1972 sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. En ella se defiende expresamente un patrimonio conformado tanto por los testimonios del pasado que contribuyen a definir la memoria colectiva de los pueblos, como por las expresiones del presente que nos hablan de su vitalidad cultural. En consecuencia, se recoge el interés etnológico en equidad con las restantes categorías de bienes culturales, dando cabida a los lugares, bienes y actividades que forman parte del bagaje más modesto y cotidiano de los pueblos. La vieja imagen monumentalista que limitaba sus referentes a las obras materiales más prestigiosas del pasado, amplía así su valoración a los elementos, materiales o inmateriales, que reflejan el modo de vida de un determinado colectivo, sin olvidar los propios bienes ambientales en los que inevitablemente se deja sentir la intervención modificadora del hombre. Definitivamente, no sólo estamos ante un cambio radical en la percepción de la cultura como globalidad sino que, además, la problemática acerca de la valorización y preservación del patrimonio cultural pasaba a ser una cuestión mundial, no restringida a los países occidentales. Una filosofía que pretende expandir el respeto hacia el patrimonio de todos los pueblos del mundo y evitar cualquier acción de expolio premeditado, sea por negligencia, guerras, intercambios, o por su drástica destrucción ante criterios de modernización o de reinterpretación de sus significados ideológicos. No obstante, a todas estas circunstancias continuamos asistiendo, porque es fácil comprender que ni el arbitrio de algunos dirigentes ni la solidez de algunas de las nociones fuertemente interiorizadas pueden modificarse por su sola disposición legal. Pero es más, la propia UNESCO realizó un valiente ejercicio de autocrítica en 1992, cuando se conmemoraba el vigésimo aniversario de la Convención. En él se puso de manifiesto que, a pesar de los expresos deseos de respetar la diversidad cultural y a pesar de los avances conceptuales en los contenidos de los bienes culturales, la realidad era que, a través de la Lista del Patrimonio Mundial, se había privilegiado una visión monumentalista y en concordancia con los valores y los cánones estéticos occidentales. La lectura estadística de la Lista elaborada hasta el momento detectaba importantes desequilibrios, tanto en cuanto a la distribución geográfica como a la categoría de los bienes inscritos: sobrerrepresentación de bienes culturales europeos y norteamericanos, fuerte predominio de edificios religiosos y mayoritariamente de la cristiandad, y clara preponderancia de ciudades históricas y de civilizaciones desaparecidas en detrimento de las culturas vivas. La realidad, por tanto, evidenciaba que la Lista no era de la Humanidad sino de unos pocos países. Ese mismo análisis sacó a la luz también la desproporción entre bienes culturales y naturales inscritos, y la necesidad de desencajonar estas dos categorías. Poco a poco se había ido comprendiendo que la interacción entre el hombre y su entorno hacía estéril la dicotomía naturalezacultura: los pueblos adaptan el espacio en

7 6 De tesoro ilustrado a recurso turístico... el que viven y dejan la huella de su cultura. Con esta visión mucho más antropológica, el Comité del Patrimonio Mundial adoptó entonces la categoría de paisajes culturales, para intentar conseguir que la Lista deje de ser un mero catálogo de monumentos y refleje realmente la pluralidad de culturas generadas por la humanidad. A todo ello no fue ajeno el hito que había supuesto, sólo tres años antes, las Recomendaciones sobre la Salvaguarda de la Cultura Tradicional y Popular, como parte fundamental del patrimonio universal, a la vez que abrió el camino para que en 1998 se estableciera la creación de una Lista específica para las Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. En suma, en el transcurso de apenas medio siglo se ha recorrido todo un camino que nos ha llevado desde el exclusivismo de determinadas obras singulares del arte o la historia, a la consideración de la cultura como un bien a proteger en sí mismo. Patrimonio como identidad La culminación de todo este proceso remite directamente a la identidad cultural. Resulta innegable que la defensa del patrimonio propio de cada comunidad puede actuar, hoy más que nunca, como reafirmación de las identidades frente al empuje del uniformismo cultural: la puesta en valor de las costumbres, la gastronomía, la arquitectura, los rituales, las técnicas, las artes, las expresiones y demás elementos componentes de cada cultura, se convierten en referencias identitarias ineludibles. En lógica consonancia, el actual concepto de patrimonio demanda la adopción del vocablo cultural, un término comprensivo de los más diversos grupos de interés de bienes patrimoniales, por ser todos ellos construcciones culturales que interconexionan sus significados, demostrando la inutilidad de atender alguno de los aspectos en exclusiva si en verdad se pretende una contextualización global que sirva para comprender la identidad de los pueblos; y no sólo como referencias históricas conformadoras del presente cultural, sino precisamente por su significación de marcadores identitarios para los colectivos que lo crearon y lo utilizan. En el caso de España, todos sabemos que la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 recogió implícitamente los dictámenes internacionales y, evidentemente, incluyó al fin el reconocimiento jurídico del patrimonio etnológico. Sin embargo, esta ley (actualmente en fase de revisión) optó por el adjetivo Histórico para designar el conjunto de los bienes susceptibles de proteger, acrecentar y transmitir. Bien es cierto que la elección de lo histórico como concepto unificador no implicará ya una descripción formal y limitadora de los bienes integrantes del patrimonio, sino la concepción de su valor de historicidad como testimonios de la cultura, tal como lo desarrolló la teoría italiana de los bienes culturales. Pero en esta elección también resulta evidente la incidencia del factor temporal en la consideración de las categorías patrimoniales, dada la larga tradición conservacionista volcada sobre el patrimonio, que no se aviene con el sentido dinámico y cambiante inherente a la cultura. Además de ello, el término histórico, a la vez que compendia el valor común del conjunto patrimonial, tendrá que aparecer después como una más de las categorías de bienes a proteger, lo que sin duda provoca confusiones entre ambas acepciones que no son equiparables ni en significado ni en la amplitud de sus contenidos. En este camino, es tremendamente significativo analizar la opción elegida por cada una de las comunidades autónomas para la denominación genérica de sus propias leyes de patrimonio. No por casualidad fueron las leyes vasca (1990), catalana (1993) y gallega (1995) las primeras que se pronunciaron por el adjetivo Cultural. Ninguna de las tres comunidades olvida mencionar en sus Preámbulos la especificidad cultural que supone el patrimonio para sus respectivas identidades. Son, sin duda, verdaderas declaraciones de principios sobre la trascendencia de los bienes culturales en la conformación histórica del territorio en el que se encuentran y su aportación a la identidad étnica del pueblo que hoy la habita, resaltando además lo que supone su aportación a la cultura universal. Por el contrario, las que prefirieron mantener la denominación de Histórico - Castilla-La Mancha (1990) y Andalucía (1991) las primeras-, encabezan sus Preámbulos con la trascripción de los artí-

8 Esther Fernández de Paz 7 culos constitucionales y estatutarios que les posibilitan ocuparse de la custodia de sus propios bienes culturales. Es como si únicamente asumieran la distribución de las obligaciones patrimoniales por ubicaciones territoriales, aceptando la responsabilidad de su preservación pero sin aludir, como las anteriores, al sentido y a la importancia de dichos bienes para la autoidentificación de sus gentes con su cultura propia y diferenciada. Después de ellas sigue observándose idéntica relación: las leyes de la Comunidad Valenciana (1998), Cantabria (1998), Aragón (1999), Asturias (2001) y Castilla y León (2002) se presentan como de Patrimonio Cultural, mientras que las de Madrid (1998), Islas Baleares (1998) y Canarias (1999) como de Patrimonio Histórico, si bien ésta última sí hace referencia al soporte que supone su patrimonio para la actual identidad canaria. Por su parte, Extremadura (1999) decidió no decantarse y bautizar su ley con ambos términos, Histórico y Cultural; indefinición que ya está manifestando por sí misma una clara actitud, muy recientemente superada por La Rioja (2004), cuya ley se rubrica como Cultural, Histórico y Artístico. Estamos, en nuestra opinión, ante uno de los aspectos más interesantes y quizá menos analizado del patrimonio: el reflejo del sentimiento de identidad (étnica, regional o nacional) que se recoge en las legislaciones patrimoniales autonómicas, a partir del cual definen, interpretan y valoran sus respectivos patrimonios culturales. Sin olvidar el detalle que supone la mayor o menor presteza en editar una normativa propia, e incluso la todavía ausencia de ese texto legal en algunas comunidades que parecen preferir regirse por la común legislación estatal. Otra de las diferencias, no menos relevante, entre las diversas leyes patrimoniales la encontramos en las mismas definiciones del patrimonio etnológico o patrimonio etnográfico, obviando incluso el hecho del uso indistinto de uno u otro término. En principio, la propia existencia de tales definiciones nos parece un dato a analizar en sí mismo por cuanto supone un desigual tratamiento legal. En la actualidad, todas las definiciones generales de patrimonio (Histórico o Cultural) aluden al interés histórico, artístico, etnográfico, científico, etc., como única circunstancia calificadora de los bienes patrimoniales, abierta al juicio de su disciplina correspondiente. Sin embargo, hay que resaltar la contradicción existente entre esa definición genérica e igualitaria para todo tipo de bienes y la individualización que se traza a continuación sólo de algunas de las categorías. Una distinción que corrobora cómo aún no se ha superado la identificación prioritaria del patrimonio con lo histórico-artístico, puesto que estas categorías simplemente se encuadran en el régimen general establecido para los bienes muebles e inmuebles, mientras que otras parecen precisar una definición y descripción pormenorizada dentro del propio texto legal. Analizando al contenido de las definiciones de patrimonio etnológico, comprobamos que es el adjetivo tradicional el elegido desde el principio para delimitar los bienes subsumidos en esta categoría. Un rasero, no exento de polémica, que la ley andaluza sustituyó por el de las formas relevantes de la cultura. Tras ella, todas las leyes posteriores continúan prefiriendo la acotación de lo tradicional, con la única excepción hasta el momento de la ley cántabra. En nuestra opinión, lo relevante, lo significativo o lo tradicional de cada cultura son, en una gran medida, conceptos plenamente coincidentes y referenciales de sus aspectos identitarios. El gran problema es la errónea significación que ha llegado a adquirir el término tradicional en el lenguaje cotidiano. Una equivocación debida en muy gran medida a los primeros estudios sobre esta parte de la cultura no erudita, realizados por los románticos, folkloristas y nacionalistas que consiguieron fijar, desde el siglo XIX, la falsa idea de cultura tradicional como un compartimento estanco, aislado e inmutable, en el que las verdaderas esencias del carácter de un pueblo luchan por mantenerse, en oposición a los cambios promovidos por la cultura urbana, industrial y moderna. Desde nuestra visión, tradición equivale a esa herencia cultural que cada quien recibe como individuo integrante de una determinada sociedad en un concreto momento histórico. Una herencia integrada por conocimientos no oficializados ni institucionalizados, adquiridos básicamente a través

9 8 De tesoro ilustrado a recurso turístico... de la imitación, que proporcionan las claves diferenciadoras de cada cultura. En suma, todo aquello que desde la visión culta de la cultura no tiene ninguna importancia y que, sin embargo, constituye el fundamento para la identidad cultural de los miembros de una sociedad. Pero esa herencia, a la vez que se consolida como propia al grupo de pertenencia, siempre recibirá el aporte de nuevas experiencias culturales, en un continuo proceso de acumulación y selección de lo considerado mayoritariamente relevante. De esta manera será transmitida a los nuevos miembros, quienes reiniciarán el ciclo en base a la cultura recibida. De hecho, no existe ningún elemento cultural, ni siquiera las expresiones, formas o rituales considerados más invariables, que no se vayan modificando en su adaptación al devenir histórico; ámbito rural y clases populares incluidas. En definitiva, el patrimonio etnológico está conformado por los bienes culturales que no son fruto de la unicidad ni de la genialidad, sino justo por aquéllos que revelan las pautas pasadas y presentes seguidas por cada colectivo, en su continuidad y discontinuidad, para producir y reproducir su identidad. Precisamente por ello, la finalidad última de la tutela patrimonial ya no puede ser otra que la de servir como referente identitario para sus protagonistas: el grupo humano que lo recibe, lo usa, lo transforma y lo traspasa en consonancia con su propia dinámica cultural. De ahí la trascendencia de las legislaciones autonómicas en materia de patrimonio cultural, al configurarse el conocimiento y la cercanía como las mejores garantías para la correcta puesta en valor de un patrimonio propio. Sin embargo, no cabe duda de que este proceso presenta también su reverso negativo, pues claramente amplifica el riesgo de manipulación ideológica. La evidencia, ya largamente demostrada, de que de una selección interesada de bienes culturales se deriva una interpretación sesgada, aunque disfrazada de aséptica objetividad, está alcanzando en los últimos tiempos, en determinados lugares, unas proporciones realmente alarmantes, lo que supone un verdadero obstáculo en el camino ya abierto para la adecuada comprensión del patrimonio cultural. Patrimonio como recurso Además de esto, un nuevo aspecto ha venido a complicar aún más el ámbito de nuestro patrimonio cultural. Nos referimos a su puesta en valor como recurso económico. Una estrategia que actualmente preside la práctica totalidad de las políticas patrimoniales, al amparo de las directrices iniciadas por el Consejo de Europa y con el refuerzo que suponen los programas y fondos estructurales de la Unión Europea en su intento por remontar los desequilibrios regionales. En no pocas ocasiones estas políticas están consiguiendo subvertir por completo el sentido y finalidad de la tutela patrimonial, porque tampoco entonces los bienes culturales son considerados como el conjunto de las manifestaciones y testimonios que contribuyen a explicar y dotar de significado los rasgos culturales de un colectivo. El interés se centra exclusivamente en la protección de los elementos más atrayentes a los potenciales visitantes, en el afán por obtener la mayor rentabilidad económica posible. Es claro que en los centros urbanos es el patrimonio monumental el que concentra toda la atención: los barrios históricos y determinados edificios singulares, a los que se agregan, cada vez con más frecuencia, museos construidos en inmuebles espectaculares, ya con valor por sí mismos independientemente de su contenido y en los que no olvidan incluir ninguno de los servicios propios de un centro comercial (tiendas, librerías, cafeterías, etc.). La meta perseguida no parece ser otra que alcanzar una masiva afluencia de público, como efectivamente se logra. Al lado de esto, el patrimonio etnológico en las grandes ciudades no interesa como atracción turística. Basta comprobar cómo, día a día, se cierran talleres artesanos, se especula con viviendas singulares pero sin importancia desde el punto de vista histórico-artístico, se demuelen patios de vecinos, plazas, comercios considerados obsoletos, y todo aquello a lo que no se le suponga ningún beneficio económico. Claramente la mentalidad economicista aplicada al patrimonio ha alcanzado, no ya a la sociedad en

10 Esther Fernández de Paz 9 general, sino incluso a los organismos e instituciones encargados de la custodia de todo el patrimonio, incluido el etnológico, ante presiones urbanísticas o mercantilistas que consiguen hacer olvidar su valor cultural y la obligación de preservar su memoria. Pues bien, tal como siempre ocurre, éstas son las pautas que sirven de modelo e intentan imitarse en cualquier punto de la geografía rural: volcarse igualmente hacia los testimonios más monumentales o más antiguos posibles, como si con ello pudiera acreditarse la notoriedad e importancia del lugar en cuestión. Sólo cuando se carece de estos potenciales, se recurre al modesto patrimonio etnológico, porque desde luego no se renuncia a atraer visitantes. Y a tal fin no queda más que la recreación de sus más puras tradiciones. Bajo tales premisas, al patrimonio etnológico se le aplican miméticamente los viejos criterios selectivos de antigüedad, escasez y excepcionalidad, y con unos esquemas claramente conservacionistas que en nada se adecuan a su sentido de expresión colectiva de un sistema cultural diferenciado. De entrada, muchas de las reconstrucciones realizadas expresamente para el turismo son meras teatralizaciones perfectamente orquestadas, que a veces ni siquiera recrean la propia imagen sino la que se entiende que el turista espera encontrar. En estos casos, nos hallamos con pueblos reconstruidos para cultivar su ruralidad, su tipismo, sus artesanos, su autenticidad en suma, convirtiendo incluso a los propios habitantes en parte del pintoresquismo que se quiere ofrecer. Y es que, realmente, sin atender a la dinámica cultural, y a veces ni tan siquiera a la propia voluntad de sus protagonistas, muchos gestores culturales se esfuerzan por mantener un estatismo conservacionista en las tradiciones, para evitar que su pérdida repercuta en el descenso del interés turístico; de esos turistas urbanos que anhelan envolverse momentáneamente en espacios y modos de vida en los que proyectar la imagen neorromantizada de un pasado de bondades imaginadas. No obstante, quizá el reflejo más constatable de tales políticas es el afán que actualmente manifiesta cada pequeña localidad por contar con su propio museo etnográfico o de artes y costumbres populares. Tal proliferación podría hacer creer que al fin los dirigentes de estas zonas han comenzado a valorar realmente los elementos de su patrimonio etnológico y que sus habitantes han comprendido la trascendencia de preservar unos referentes claves para entender su identidad cultural. Pero la realidad es que prácticamente sin variación, vemos cómo estos museos locales están trazados desde la más acientífica reiteración de objetos tradicionales en desuso, pertenecientes a un mundo rural que no tiene nombre propio ni época concreta ni territorio definido ni, consiguientemente, relación alguna con la configuración actual de una determinada comunidad. Si, por el contrario, se supieran seleccionar adecuadamente los elementos patrimoniales relevantes de unas formas de vida determinadas, pasadas y presentes, el resultado sería que cada población podría profundizar en el conocimiento de su propia cultura y aprender de las culturas ajenas, lo que imperceptiblemente conduciría al respeto por la diversidad cultural, entendiéndola como respuestas adaptadas a la variedad de ecosistemas, especificidades históricas, tradiciones culturales, ocupaciones y actividades, sectores y clases sociales existentes, etc. El problema es que este lento aprendizaje casa muy mal con las aspiraciones de rentabilidad económica inmediata. Lo que tampoco parece tenerse en cuenta es que, además de perder el beneficio sociocultural inherente a la adecuada revalorización del patrimonio, esta inclinación hacia el sector turístico está llevando a no pocas poblaciones al abandono de ciertas actividades tradicionales que, siempre convenientemente encauzadas a las realidades actuales, podrían mantener su plena vigencia económica y ocupacional, y sin depender de las inevitables fluctuaciones propias del fenómeno turístico. Quizá ahí radique una de las causas del auge que está tomando hoy día la vuelta a la actividad artesana, muy especialmente en el mundo rural, pero con un llamativo proceso de selección. Quiere esto decir que no se promueven las artesanías realmente imbricadas con la vida cotidiana de las comunidades en que se insertan, sino exclusivamente las consideradas atractivas, esté-

11 10 De tesoro ilustrado a recurso turístico... ticas, vendibles al turista. Son una réplica comercializada: objetos que modifican sus formas, tamaños y calidades, que añaden el sello de hecho a mano como reclamo nostálgico de tiempos anteriores, y lo acompañan del inexcusable recuerdo de..., esa pretendida marca de autenticidad que justamente indica lo contrario, o sea, que es un objeto hecho expresamente para un comprador que precisa de etiquetas rememorativas de sus pasos. Comprador al que ciertamente suele interesarle bien poco la significación que esa actividad tiene para sus artífices. En resumen, de lo que se trataría es de adecuar realmente las políticas centradas en el binomio Patrimonio-Turismo, de manera que no se conviertan en una manipulación de las identidades al servicio de unos intereses meramente economicistas. Pensamos que es perfectamente compatible lograr la verdadera puesta en valor de los elementos patrimoniales y que ello revierta en el desarrollo económico y cultural de sus gentes. Pero para esto es imprescindible, en primer lugar, que el conjunto de la sociedad entienda con claridad el valor de su patrimonio. Ya la ley estatal de 1985 manifestaba el convencimiento de que el Patrimonio Histórico se acrecienta y se defiende mejor cuanto más lo estiman las personas que conviven con él. Una afirmación tan irrefutable como irrealizable si no se entiende con claridad que para que el conjunto de la sociedad valorice el patrimonio, tiene que sentirlo como algo propio y no como esas joyas del pasado que ennoblecen a la nación -y a sus propietarios- pero que nada aportan a su identidad cultural. Ahí radica la artificialidad que siempre ha supuesto una activación de arriba-abajo en vez de ir desde la base creadora hacia las instituciones encargadas de su custodia. Las actitudes al respecto son muy evidentes. Cuando la sociedad se identifica con su patrimonio, tal como ejemplifican muchas asociaciones actuales, se hacen innecesarias las reglamentaciones administrativas puesto que ella misma se convierte en su principal custodio. En caso contrario, las medidas legales encaminadas a su protección y restitución pueden llegar a ser interpretadas, tanto por los vecinos como en no pocas ocasiones por los propios ayuntamientos, como dañinas a sus intereses y difícilmente se conseguirá algún resultado positivo. En segundo lugar, hay que contar con los profesionales especializados, capaces de intervenir en la correcta gestión del patrimonio cultural. Y esto es especialmente notorio para el patrimonio etnológico, precisamente por su modestia y su cotidianidad, características que parecen diluir la necesidad de un experto, a diferencia del conocimiento preciso que se solicita para el tratamiento de otras categorías de bienes culturales. Todavía hoy es difícil transmitir a los políticos que tienen encomendada la custodia del patrimonio cultural, la enorme complejidad y la innegable trascendencia que reviste su estudio, valoración y restitución, así como el hecho incuestionable de que de las decisiones tomadas al respecto dependerá el futuro de los bienes que hoy lo conforman: la desaparición definitiva, la conservación anquilosada, la pervivencia real de viejos usos, o la resemantización derivada del desarrollo de nuevos valores simbólicos. Bibliografía Abad Liceras, J.M Administraciones Locales y Patrimonio Histórico. Madrid: Montecorvo. Achucarro Pintos, V. y otros 1997 El Patrimonio Intangible. Mar del Plata: Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio de Argentina. Agudo Torrico, J Cultura, patrimonio etnológico e identidad, Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 29: Aguilar Criado, E. (coord.) 1999 Patrimonio Etnológico. Nuevas Perspectivas de Estudio. Serie Cuadernos, X. Sevilla: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Blanc Altemir, A El Patrimonio Común de la Humanidad. Hacia un Régimen Jurídico Internacional de su Gestión. Barcelona: Bosch. Bolaños, M.: 2003 Ideales ilustrados, prácticas burguesas. La génesis intelectual del museo público, Mus-A, 2:

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